Mes: abril 2026

NACIONAL Junta General Ejecutiva del INe

Junta General Ejecutiva propone al Consejo General asumir la organización del Concurso Público 2026 para ingresar a los OPL 

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  • El proyecto busca garantizar la profesionalización y estabilidad del Servicio Profesional Electoral en las entidades federativas 

CDMX., 08/04/2026.- La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó someter a consideración del Consejo General el proyecto para que el Instituto asuma la organización y ejecución del Concurso Público 2026. Esta determinación tiene como objetivo cubrir las plazas vacantes de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en los Organismos Públicos Locales (OPL), garantizando la profesionalización y estabilidad de las autoridades electorales a nivel estatal. 

La propuesta se fundamenta en un diagnóstico técnico y presupuestal que identifica la necesidad de fortalecer las estructuras de dirección y funciones especializadas en las autoridades electorales locales antes del inicio de los próximos procesos electorales. 

Con corte al 11 de marzo de 2026, el sistema de los OPL cuenta con un total de 772 plazas, de las cuales 181 se encuentran vacantes, 162 de éstas se consideran susceptibles de ocuparse mediante el Concurso Público. 

El INE ejercerá su facultad rectora para regular y garantizar el funcionamiento del SPEN en todo el país, por lo que el proyecto propone organizar el concurso, debido a que diversos OPL han manifestado insuficiencia presupuestal o falta de condiciones operativas para realizar procesos de selección independientes. 

El pasado 26 de marzo, la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales presentó al Consejo General el Informe sobre la situación presupuestal de los OPL, en el que se advierte un escenario financiero heterogéneo, ya que, en conjunto, los presupuestos autorizados registraron una reducción global del 27.62 % respecto de lo solicitado con recortes diferenciados entre entidades, lo que evidencia capacidades desiguales para implementar el Concurso Público. 

Adicionalmente, durante 2025 y 2026, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional solicitó a los OPL información sobre su disponibilidad presupuestal para implementar este mecanismo y se identificó que únicamente 17 entidades prevén recursos para cubrir las evaluaciones y el resto no cuenta con suficiencia presupuestal o sólo consideró recursos parciales. 

Para asegurar la calidad técnica de la selección, el proyecto contempla que el INE coordine las etapas de difusión, aplicación de exámenes de conocimientos y evaluaciones psicométricas. 

Este modelo de colaboración interinstitucional requiere la firma de convenios específicos con cada OPL para definir responsabilidades operativas y financieras en cada entidad. 

NACIONAL Zenyazen Escobar, Diputado Federal Morena

Zenyazen Escobar defiende al turismo de Veracruz ante desinformación generada por MC

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Ciudad de México.— Desde la Cámara de Diputados, el legislador federal Zenyazen Escobar García, coordinador del grupo de diputadas y diputados federales de Morena Veracruz hizo un llamado a la responsabilidad en el discurso público, luego de que integrantes de Movimiento Ciudadano emitieran críticas sobre un presunto impacto de la presencia de chapopote en las costas del Golfo de México y particularmente en Veracruz.

El diputado veracruzano advirtió que declaraciones sin sustento o descontextualizadas pueden generar un efecto negativo directo en uno de los sectores más importantes para la entidad, el turismo.

Subrayó que difundir este tipo de mensajes desde la máxima tribuna del país, como lo hizo el diputado emecista Sergio Gil, no solo amplifica la percepción de riesgo, sino que también afecta la llegada de visitantes y, con ello, la economía de miles de familias que dependen de esta actividad.

“Se tiene que hablar con responsabilidad. Muchas veces no se conoce el territorio de Veracruz y aun así se emiten posicionamientos que terminan dañando al estado”, expresó Zenyazen Escobar, al insistir en que la narrativa pública debe contribuir a fortalecer, y no a debilitar, la imagen de la entidad.

El legislador destacó que, ante la situación señalada, las autoridades de los tres órdenes de gobierno ya se encuentran trabajando de manera coordinada para atender cualquier afectación ambiental, por lo que consideró innecesario generar alarma a nivel nacional.

De igual manera, criticó la postura de Movimiento Ciudadano al señalar que sus declaraciones caen en la desinformación, al no reconocer las acciones en curso ni dimensionar el impacto de sus dichos. Esta actitud, apuntó, deja claro un uso político del tema que ignora las consecuencias económicas para sectores clave como el turístico.

El diputado federal por el distrito de Córdoba reiteró que Veracruz depende en gran medida de la actividad turística, por lo que insistió en la importancia de proyectar una imagen positiva del estado. “Si le va bien a Veracruz, nos va bien a todas y a todos”, afirmó.

Finalmente, Zenyazen Escobar llamó a los actores políticos a actuar con responsabilidad y evitar posicionamientos que, lejos de abonar al debate público, generen incertidumbre y afecten el desarrollo económico de la entidad.

INTERNACIONAL Diputados PRI

VOTAN DIPUTADOS DEL PRI EN CONTRA DEL FALLIDO “PLAN B”: NI AHORRA, NI RESUELVE PROBLEMAS DE LOS MEXICANOS

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• Presentaron mociones suspensivas porque no se consultó a pueblos indígenas, como establece la Constitución.
• Grave error avalar un dictamen distractor de los verdades problemas de los mexicanos, como el derrame petrolero, huachicol fiscal o desapariciones.
• El Plan B no genera ahorros reales, reduce regidores en 60 municipios de los más de 2 mil 480 ayuntamientos que hay en el país..
• No se habla de los sobrecostos del Tren Maya, el AIFA y Dos Bocas, ni del huachicol fiscal, con los que se organizarían 140 procesos electorales.

Las y los diputados federales del PRI afirmaron que el fallido “Plan B” de reforma electoral es una simulación que no atiende los verdaderos problemas del país, y que pretende distraer la atención de las crisis en materia de seguridad, economía, la salud e infraestructura que afectan a millones de mexicanos.

Los legisladores que coordina Rubén Moreira Valdez señalaron que, bajo el argumento de la austeridad, se impulsa un dictamen que no genera ahorros reales, pone en riesgo la representación democrática, vulnera el federalismo y debilita el diseño institucional del país, evidenciando una reforma construida desde la prisa, sin consenso y alejada de las necesidades reales de la ciudadanía.

Al inicio de la Sesión Ordinaria, los diputados Alejandro Domínguez y Erubiel Alonso presentaron mociones suspensivas, ya que no se realizó la consulta a los pueblos y comunidades indígenas que establece la Constitución.

Alejandro Domínguez advirtió que votar este dictamen es un grave error, ya que es un distractor que se sostiene en la narrativa oficial de austeridad, que se contradice con la deuda pública para 2027, que será superior al 54 por ciento del PIB, y que quiere ocultar el derrame petrolero, el huachicol fiscal, las desapariciones, los robos a transportistas, el aumento de la inflación y la falta de mantenimiento a carreteras, mientras los mexicanos lo que quieren son medicinas, hospitales y médicos.

“Esta reforma reduce regidores en 60 municipios de los más de 2 mil 480 ayuntamientos que hay en el país. Esta reforma no tiene ahorros”, sentenció.

Por su parte, el diputado Erubiel Alonso cuestionó que vienen a decir que con esta minuta se van a reducir los privilegios y se van a generar grandes ahorros para los municipios y los congresos locales, pero en el detalle lo que se encuentra es exactamente lo contrario.

“En el caso de los ayuntamientos, se establece que estarán integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, pero solo atenderíamos en ese escenario a 61 municipios”, detalló, para luego indicar que la desaparición de todos los regidores previstos en esta propuesta implica un ahorro del uno por ciento. En realidad, sostuvo, quieren tapar los más de 230 mil homicidios de este gobierno y los más de 132 mil desaparecidos.

La diputada Abigail Arredondo destacó que la reforma no presenta beneficios reales para el fortalecimiento de la democracia no corrige los problemas del sistema, como la sobrerrepresentación, el chapulineo, la intervención del crimen organizado en las elecciones. “Esta reforma conduce a la dictadura, debilitando contrapesos y equilibrios”, recalcó.

Alertó también que la disminución del presupuesto a congresos locales, derivado de una redacción deficiente, podría generar efectos contrarios y permitir incrementos discrecionales, pues únicamente 12 sobrepasan el límite del 0.7 por ciento que se pretende, de los cuales, puntualizó, 11 son de Morena.

En su intervención, la diputada Nadia Navarro sostuvo que este es un discurso vacío, sin sustento y lleno de palabras tendenciosas, que pretende que desde el centro se controlen decisiones que corresponden a los estados y municipios lo que atenta directamente el federalismo.

El diputado Emilio Suárez subrayó que si de verdad se quiere hablar de austeridad, se debe tomar en cuenta el sobrecosto del Tren Maya, de Dos Bocas y del AIFA, de cerca de 800 mil millones de pesos, al que si se suma el huachicol fiscal. Otros 600 mil millones, dan como resultado 1.4 billones de pesos. Con ese monto, explicó. Se podría financiar el presupuesto del INE durante 93 años o para organizar 140 procesos electorales.

Finalmente, los legisladores priistas reiteraron que el PRI no puede acompañar un dictamen que erosiona la división de poderes y pone en riesgo la vida democrática del país. “México no necesita reformas impuestas desde la soberbia, sino construidas con responsabilidad, apertura y respeto al pluralismo”, concluyeron.

NACIONAL Suero - medicamento - vitaminas y

Buscan a médico prófugo por muertes ligadas a “sueros vitaminados” en Sonora

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La Fiscalía de Sonora intensificó la búsqueda del médico Jesús Maximiano “N”, señalado como probable responsable de la muerte de al menos seis personas en Hermosillo, presuntamente tras la aplicación de sueros vitaminados.

El fiscal estatal, Rómulo Salas Chávez, informó que se activaron alertas a nivel nacional e internacional, incluyendo notificaciones al gobierno de Estados Unidos, ante la posibilidad de fuga del país.

Hasta el momento, se mantienen abiertas ocho carpetas de investigación que incluyen tanto a víctimas mortales como a personas que sobrevivieron a estos tratamientos. Como parte de las diligencias, se han realizado más de 50 entrevistas a testigos, afectados y familiares.

Las autoridades, en coordinación con el sector Salud, también llevan a cabo cateos y análisis especializados para determinar la composición de las sustancias administradas, mientras no se descarta que el número de víctimas aumente conforme se presenten más denuncias.

Este caso ha encendido alertas sobre la práctica de terapias intravenosas sin regulación, especialmente aquellas que se promocionan como “sueros vitaminados”, cuyo uso sin supervisión médica adecuada puede representar graves riesgos para la salud.

NACIONAL José Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN

Solicita PAN atender crisis de desapariciones, comparecencia del director de Pemex y acciones de coordinación económica

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Solicita PAN atender crisis de desapariciones, comparecencia del director de Pemex y acciones de coordinación económica

• El coordinador del PAN informó que también se plantearon mecanismos de coordinación legislativa en materia económica y acciones para atender la crisis de desapariciones en México

Palacio Legislativo de San Lázaro, 07-04-2026.- El diputado José Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, informó que su bancada presentó tres propuestas formales ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), relacionadas con la crisis de desapariciones en México, el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México y la necesidad de fortalecer la coordinación legislativa en materia económica.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, señaló que, ante la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el PAN planteó la necesidad de establecer un diálogo directo con sus integrantes, a fin de conocer a detalle los alcances de dicho pronunciamiento.

Asimismo, indicó que su grupo parlamentario ha advertido inconsistencias en la forma en que se registran y presentan las cifras en esta materia, por lo que consideró necesario contar con metodologías claras que permitan diferenciar adecuadamente entre personas desaparecidas y otros delitos, y evitar distorsiones en la información oficial.

En materia energética y emergencia medioambiental, el legislador solicitó la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de que informe sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, que ha afectado a comunidades de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Indicó que, ante los hechos registrados, es necesario que se brinde información puntual y verificable, así como una explicación clara sobre las causas, consecuencias y acciones implementadas frente a esta contingencia.

Respecto al ámbito económico, el diputado señaló que se propuso establecer mecanismos de coordinación legislativa que permitan dar seguimiento a los procesos y decisiones que impactan la relación comercial de México con sus principales socios, con el objetivo de contribuir a la estabilidad económica y la protección de empleos.

Finalmente, Lixa Abimerhi subrayó que estas propuestas buscan que la Cámara de Diputados asuma un papel activo frente a problemáticas que requieren atención institucional, mediante el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la coordinación entre poderes.

INTERNACIONAL

México: Un comité de la ONU solicita a la Asamblea General que examine la situación de las desapariciones forzadas

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GINEBRA – El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzadas (CED) ha decidido solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.

En su decisión  publicada hoy en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país.

El procedimiento de carácter preventivo tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, más no de establecer la responsabilidad penal individual. En virtud del artículo 34 de la Convención, el Comité no actúa como una comisión de investigación y no está obligado a llegar a una conclusión fáctica. Sin embargo, debe determinar, sobre la base de indicios bien fundados, si ha recibido información detallada y precisa de una fuente fidedigna de que han ocurrido hechos que caen dentro de su competencia. Su decisión se basa en la información presentada por la sociedad civil, la respuesta del Estado Parte en septiembre de 2025 a su solicitud de información sobre la situación, y la información recopilada por el Comité desde 2012, entre otras cosas a través de exámenes periódicos, su visita al país en 2021 y las solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas. El Comité también ha tomado nota de la información presentada por el Estado Parte y la sociedad civil tras la adopción de su decisión.

En vista de lo anterior, si bien toma nota de que la «guerra contra las drogas» a nivel nacional en México ha contribuido a las condiciones en las que se han producido tales ataques a nivel local, el Comité subrayó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas —ya sea mediante acción deliberada u omisión deliberada— en el sentido del Estatuto de Roma. El Comité también subrayó que ni la Convención ni el Estatuto de Roma exigen que tales ataques se produzcan en todo el territorio de un país, o que se originen en los más altos niveles del Gobierno, para que se consideren crímenes de lesa humanidad.

A este respecto, el Comité tomó nota de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas con arreglo al artículo 2 de la Convención. Sin embargo, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia. Además, subrayó que, a la luz del artículo 5 de la Convención y del artículo 7 del Estatuto de Roma, del que México también es Estado Parte, las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad también pueden ser cometidas por una «organización», incluidos ciertos actores no estatales organizados, cuando «formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil».

«El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil», afirmó Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité.

En cuanto a la magnitud de la crisis en todo México, el Comité señaló que, si bien el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Desaparecidas contiene casos de «personas desaparecidas», aún no ofrece una imagen clara de cuántos de los casos registrados podrían corresponder a desapariciones forzadas. No obstante, la magnitud de los casos registrados pone de relieve la gravedad de la situación. El Comité también citó el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4.500 fosas, que contienen más de 6.200 cadáveres y 4.600 restos humanos, además de unos 72.000 restos humanos no identificados. En general, el Comité advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles. Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas.

Por lo tanto, basándose en toda la información disponible, el Comité tomó la medida excepcional, en virtud del artículo 34, de señalar la situación en México a la atención de la Asamblea General, solicitándole que considere la posibilidad de adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para la operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. Asimismo, pidió que se estableciera un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos.

«El Comité reafirma su compromiso de seguir cooperando con México a través de sus distintos procedimientos. El procedimiento previsto en el artículo 34 tiene por objeto facilitar una cooperación y un apoyo oportunos para que el Estado Parte pueda reforzar su respuesta, proteger a las víctimas y a sus familias, y evitar que la situación se deteriore aún más», declaró Albán-Alencastro.

Todos los documentos relativos al artículo 34 están disponibles en la página del 30º periodo de sesiones del Comité