La Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada Anais Miriam Burgos Hernández (Morena), emitió un pronunciamiento leído por diputadas del PAN, PVEM y MC, sobre el caso de la señora Estela, quien fue vinculada a proceso por presunta violencia vicaria en Coahuila.
La diputada de Morena, Claudia García Hernández, al iniciar la lectura del documento manifestó que la resolución emitida en Coahuila, donde se procesa a Estela, no solo desvirtúa una figura jurídica creada para proteger a las mujeres, sino hiere profundamente la lucha que por años han encabezado madres que alzaron la voz en medio de la indiferencia institucional.
En tanto, la diputada Alma Manuela Higuera Esquer (Morena) mencionó que la violencia vicaria es una modalidad de violencia de género ejercida únicamente contra las mujeres, en la cual el agresor utiliza a las hijas, hijos o personas menores de edad bajo su cuidado como instrumentos para causar daño emocional, psicológico o patrimonial a la madre.
Esta forma de violencia busca castigarla, someterla o mantener control sobre ella mediante la manipulación, sustracción, obstaculización de vínculo materno, amenazas o daño hacia las infancias, dijo.
Al continuar con el pronunciamiento, la también diputada de Morena, Karina Margarita del Río Zenteno precisó que a lo largo de la historia el sistema legal ha sido creado desde y para los hombres, y las leyes que hoy defienden los derechos de las mujeres son resultado de la lucha, la organización y la resistencia de las mujeres por ser escuchadas y reconocidas a pesar de las desigualdades estructurales.
La diputada Mildred Concepción Ávila Vera (Morena) mencionó que la penalización de la violencia vicaria nació de la valentía de madres que se negaron a rendirse y por eso hoy más que nunca se debe defender su sentido original: “violencia de género ejercida únicamente contra las mujeres”.
Del PVEM, la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo indicó que a partir de las reformas constitucionales presentadas por la presidenta se han realizado modificaciones que incorporan las reformas al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares homologando criterios y definiciones para atender la violencia vicaria.
Subrayó que esta causa un daño irreparable y destruye a la mujer, al ser utilizados sus hijos e hijas en circunstancias de violencia extrema y se ejerce a través de estos, se vulnera su entorno social y suprime el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
De MC, la diputada Anayeli Muñoz Moreno afirmó que fue homologada esta definición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para que, de manera amplia y asertiva, permita una mayor protección hacia las mujeres al iniciar un procedimiento jurisdiccional.
De igual manera, al dar lectura, la diputada Merary Villegas Sánchez (Morena) externó que se presentó un acto de inconstitucionalidad planteando que existe discriminación contra los hombres, por lo que la Suprema Corte resolvió que con base en el mandato de deberes reforzados y en la definición en la ley, este tipo de violencia solo se ejerce contra las mujeres.
“Defender a las infancias no es un delito; lo es, en cambio, utilizar la ley para callar y castigar a quienes siempre han tenido que luchar por ser escuchadas”, expresó.
La diputada Vanessa López Carrillo (PT) subrayó que convertir la ley en un instrumento de persecución manda un mensaje devastador a todas las madres, en el sentido de que defender a sus hijas e hijos puede convertirlas en sospechosas, que su amor puede ser criminalizado.
Hoy, dijo, debemos defender su esencia y recordar que la protección de las niñas y los niños no se construye castigando a quienes históricamente han sido sus principales cuidadoras y defensoras; eso no es justicia, es un retroceso que no podemos aceptar.
Al finalizar este pronunciamiento, por el PAN, la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza puntualizó que ningún Estado que aspire a la justicia puede permitir que la lucha de las mujeres sea utilizada para violentarlas de nuevo; por ello, se trabajará en conjunto con los congresos estatales en cumplimiento al acuerdo de Xicoténcatl para la homologación de los ordenamientos que impactan los derechos de las mujeres en todo el país.
