• Presentaron mociones suspensivas porque no se consultó a pueblos indígenas, como establece la Constitución.
• Grave error avalar un dictamen distractor de los verdades problemas de los mexicanos, como el derrame petrolero, huachicol fiscal o desapariciones.
• El Plan B no genera ahorros reales, reduce regidores en 60 municipios de los más de 2 mil 480 ayuntamientos que hay en el país..
• No se habla de los sobrecostos del Tren Maya, el AIFA y Dos Bocas, ni del huachicol fiscal, con los que se organizarían 140 procesos electorales.
Las y los diputados federales del PRI afirmaron que el fallido “Plan B” de reforma electoral es una simulación que no atiende los verdaderos problemas del país, y que pretende distraer la atención de las crisis en materia de seguridad, economía, la salud e infraestructura que afectan a millones de mexicanos.
Los legisladores que coordina Rubén Moreira Valdez señalaron que, bajo el argumento de la austeridad, se impulsa un dictamen que no genera ahorros reales, pone en riesgo la representación democrática, vulnera el federalismo y debilita el diseño institucional del país, evidenciando una reforma construida desde la prisa, sin consenso y alejada de las necesidades reales de la ciudadanía.
Al inicio de la Sesión Ordinaria, los diputados Alejandro Domínguez y Erubiel Alonso presentaron mociones suspensivas, ya que no se realizó la consulta a los pueblos y comunidades indígenas que establece la Constitución.
Alejandro Domínguez advirtió que votar este dictamen es un grave error, ya que es un distractor que se sostiene en la narrativa oficial de austeridad, que se contradice con la deuda pública para 2027, que será superior al 54 por ciento del PIB, y que quiere ocultar el derrame petrolero, el huachicol fiscal, las desapariciones, los robos a transportistas, el aumento de la inflación y la falta de mantenimiento a carreteras, mientras los mexicanos lo que quieren son medicinas, hospitales y médicos.
“Esta reforma reduce regidores en 60 municipios de los más de 2 mil 480 ayuntamientos que hay en el país. Esta reforma no tiene ahorros”, sentenció.
Por su parte, el diputado Erubiel Alonso cuestionó que vienen a decir que con esta minuta se van a reducir los privilegios y se van a generar grandes ahorros para los municipios y los congresos locales, pero en el detalle lo que se encuentra es exactamente lo contrario.
“En el caso de los ayuntamientos, se establece que estarán integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, pero solo atenderíamos en ese escenario a 61 municipios”, detalló, para luego indicar que la desaparición de todos los regidores previstos en esta propuesta implica un ahorro del uno por ciento. En realidad, sostuvo, quieren tapar los más de 230 mil homicidios de este gobierno y los más de 132 mil desaparecidos.
La diputada Abigail Arredondo destacó que la reforma no presenta beneficios reales para el fortalecimiento de la democracia no corrige los problemas del sistema, como la sobrerrepresentación, el chapulineo, la intervención del crimen organizado en las elecciones. “Esta reforma conduce a la dictadura, debilitando contrapesos y equilibrios”, recalcó.
Alertó también que la disminución del presupuesto a congresos locales, derivado de una redacción deficiente, podría generar efectos contrarios y permitir incrementos discrecionales, pues únicamente 12 sobrepasan el límite del 0.7 por ciento que se pretende, de los cuales, puntualizó, 11 son de Morena.
En su intervención, la diputada Nadia Navarro sostuvo que este es un discurso vacío, sin sustento y lleno de palabras tendenciosas, que pretende que desde el centro se controlen decisiones que corresponden a los estados y municipios lo que atenta directamente el federalismo.
El diputado Emilio Suárez subrayó que si de verdad se quiere hablar de austeridad, se debe tomar en cuenta el sobrecosto del Tren Maya, de Dos Bocas y del AIFA, de cerca de 800 mil millones de pesos, al que si se suma el huachicol fiscal. Otros 600 mil millones, dan como resultado 1.4 billones de pesos. Con ese monto, explicó. Se podría financiar el presupuesto del INE durante 93 años o para organizar 140 procesos electorales.
Finalmente, los legisladores priistas reiteraron que el PRI no puede acompañar un dictamen que erosiona la división de poderes y pone en riesgo la vida democrática del país. “México no necesita reformas impuestas desde la soberbia, sino construidas con responsabilidad, apertura y respeto al pluralismo”, concluyeron.
